AFILIACIÓN AL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE BOLIVIA (CONALAB)

(Actualizado al 07 de agosto de 2013)

1. Una fotografía fondo blanco 4x4.
2. Depósito de Bs. 140.- a la cuenta corriente nº 291196-001-2 del Banco Bisa S.A., boletas en dos ejemplares.
   
3. Depósito de Bs. 40.- a la cuenta corriente nº 400-0114915 (ICACH) del Banco Nacional de Bolivia S.A., boletas de dos ejemplares.
   
4. Cuentas al día en el Colegio de Abogados Departamental respectivo. 

 REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE CREDENCIAL NACIONAL

(Actualizado al 07 de agosto de 2013)

1. Una fotografía fondo blanco 4x4.
2. Depósito de Bs. 140.- a la cuenta corriente nº 291196-001-2 del Banco Bisa S.A., boletas en dos ejemplares.
   
3. Depósito de Bs. 40.- a la cuenta corriente nº 400-0114915 (ICACH) del Banco Nacional de Bolivia S.A., boletas de dos ejemplares.
   
4. Cuentas al día en el Colegio de Abogados Departamental respectivo.

Beca – Relatoría sobre los Derechos de la Niñez 2013

Beca – Relatoría sobre los Derechos de la Niñez - 2013

1) Lugar de la Beca: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dirección: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos de América

2) Modalidad: Presencial

3) Plazo para la presentación de candidaturas: 17 de mayo 2013

4) Fechas de inicio y de finalización: 17 de junio al 31 de diciembre de 2013

5) Duración de la Beca: 6½ (seis y medio) meses

6) Objetivo: Ofrecer la oportunidad a jóvenes profesionales abogadas/os provenientes de los Estados Miembros de la OEA, de conocer y aplicar los mecanismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el área de los derechos de la niñez.

7) Programa: Apoyar el trabajo de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana, bajo la supervisión de sus especialistas durante el período de la beca; y al concluir la beca, presentar a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH de un informe detallado sobre lo actuado.

8) Requisitos:

·         Ser ciudadano de un Estado Miembro de la OEA;

·         Ser bilingüe en los idiomas español e inglés (adjuntar certificado que lo acredite), conocimientos de portugués o francés deseable;

·         Ser graduado en derecho en una universidad oficialmente acreditada (enviar copia del título y calificaciones obtenidas);

·         Haber recibido el diploma universitario en derecho después del primero de enero de 2006;

·         Interés profesional demostrable en el área legal de los derechos humanos, específicamente en el campo de los derechos de la niñez;

·         Estar registrado como abogado ante los tribunales o la entidad gremial correspondiente, y en su defecto indicar la causa; y

·         Presentar un trabajo escrito de hasta cinco páginas no editado por otra persona, sobre un tema de interés por parte del postulante en el ámbito de los derechos de la niñez y con un enfoque que tenga en cuenta la diversidad cultural.

9) Documentos requeridos: Los siguientes documentos son requeridos a fin de ser considerado para la beca:

·         Carta de presentación

·         Formulario de Solicitud de Beca completado

·         Dos cartas de recomendación

·         Curriculum vitae

·         Certificado acreditando el segundo idioma

·         Copia del título de derecho y las calificaciones obtenidas

·         Constancia de registro como abogado ante los tribunales o la entidad gremial correspondiente (si aplica)

·         Trabajo escrito hasta cinco páginas

10) Beneficios:

·         La CIDH provee un estipendio de US$3,000.00 mensuales durante el período que cubre la beca. Con dicho estipendio, el becario es responsable de adquirir una cobertura de salud de su elección por el tiempo de duración de la beca, debiendo acreditar formalmente la referida adquisición ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el primer día de la beca.

·         Pasajes de ida y vuelta vía aérea, clase económica, desde el lugar de residencia del becario a Washington, D.C., USA. No se proveen fondos para gastos terminales y de tránsito.

·         La CIDH otorgará un certificado de participación en el programa al becario que cumpla satisfactoriamente el período completo de duración de la beca.

11) Responsabilidades del candidato seleccionado para dar inicio a la beca:

·         El candidato seleccionado deberá aceptar la beca formalmente por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmando su disponibilidad para realizar la beca durante el período indicado. Posteriormente se procederá a hacer los arreglos necesarios para la compra del boleto aéreo de ida y vuelta -clase económica- entre el país de origen o residencia y la sede de la CIDH en Washington D.C.

·         En el caso de que el candidato seleccionado haya aceptado la beca, pero por razones ponderables no pueda posteriormente realizarla, debe notificar inmediatamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que decida las acciones a tomar y realice las gestiones pertinentes.

·         Es responsabilidad del candidato seleccionado gestionar y obtener de manera oportuna la visa correspondiente para ingresar a los Estados Unidos de América y/o países de tránsito (si aplica). La CIDH no solventará ningún gasto relacionado con la tramitación de documentos migratorios o visados. La CIDH/OEA extenderá una comunicación al candidato seleccionado certificando su selección como becario oficial de la CIDH a fin de que solicite la visa correspondiente, la cuál será de su absoluta responsabilidad. Adicionalmente, la OEA extenderá una comunicación diplomática a la Embajada o al Consulado donde el candidato seleccionado solicitará la visa, también certificando su selección.

·         Es responsabilidad del candidato seleccionado llegar con suficiente anticipación a fin de estar presente en la inauguración de la beca en la fecha establecida por la CIDH.

·         Cuando un candidato seleccionado declina la beca después de que el boleto ha sido comprado, o no viaja en las fechas establecidas o cambia la ruta, el candidato deberá reembolsar el costo del boleto aéreo o de cualquier costo adicional en el que se incurra. Esto incluye cualquier gasto adicional en el que la CIDH incurriera, tal como, costo extra por alojamiento durante el viaje del candidato desde su país de residencia hacia Washington, D.C.

·         Si el becario renuncia, cancela o termina la beca después de que el programa ha iniciado, sin presentar pruebas suficientes de la causa a la CIDH, ella/él deberá reembolsar a la CIDH la totalidad de los gastos incurridos en su persona.

12) Presentación de solicitudes de beca:

El Formulario de Solicitud de Beca y los otros documentos requeridos en las secciones 8 y 9 se deben enviar a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, antes de la fecha del cierre de plazo de la convocatoria, por correo electrónico, fax o correo postal:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C., 20006 U.S.A.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Teléfono: 202-370-9000
Fax: 202-458-3992

Esta beca se ofrece gracias al aporte de Save the Children Suecia, en el marco de ejecución de un proyecto de promoción de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en las Américas.

Mirada Constitucional

Una decisión que afecta al Estado constitucional de Derecho

José Antonio Rivera S*.

El día lunes 29 de abril, el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional ha comunicado que ese órgano constitucional ha adoptado la decisión de declarar la constitucionalidad del Proyecto de Ley de Aplicación Normativa, emitiendo la Declaración Constitucional Plurinacional 003/2013; lo que significa que, con la Ley, se habilitará al Presidente Evo Morales Ayma a una nueva reelección.

La decisión anunciada constituye un duro golpe al Estado constitucional de Derecho, ya que consolida el proceso de desconstitucionalización en la que se encuentra el país; asimismo, demuestra que los señores magistrados no actuaron con la independencia que les confiere la Constitución, sino con una notoria parcialización a quienes detentan el poder político.

Al adoptar esa lamentable decisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha renunciado a su condición de máximo guardián y último intérprete de la Constitución; porque ha convalidado las infracciones a las normas de la Constitución, cuando debería defenderla y custodiarla; de otro lado, porque ha declarado constitucional un Proyecto de Ley interpretativa de la Constitución con alcances generales y vinculantes, lo que en el diseño del sistema constitucional y del modelo de control de constitucionalidad vigente, no le está permitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional; pues por mandato del art. 196 de la Constitución el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución, cuya decisión tiene alcance general y fuerza vinculante. El argumento de que el Proyecto de Ley contiene normas que desarrollan la parte orgánica de la Constitución no es pertinente, ya que las disposiciones consignadas en el Proyecto de Ley interpretan las normas de la Constitución asignándoles un significado normativo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, con la decisión adoptada ha convalidado una lamentable usurpación de funciones del Poder Constituyente, en la que incurre la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que el art.4 del Proyecto de Ley de Aplicación Normativa modifica el texto del parágrafo segundo de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, es decir realiza una reforma constitucional, lo que no le está permitido hacerlo, mediante un procedimiento ordinario, al Órgano Legislativo que es órgano del poder constituido. Lo grave del caso es que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su afán de sustentar su lamentable decisión, le otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional la categoría de Poder Constituyente derivado, con lo que le otorga poderes extraordinarios infringiendo la Constitución, cuando debía custodiarla y defenderla. Lo grave del caso es que, en adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá reformar la Constitución mediante leyes ordinarias y emitirá leyes interpretativas desconociendo la interpretación que realice el Tribunal Constitucional Plurinacional, con lo que este último se hará ineficaz por voluntad propia.

Al exponer los argumentos forzados para sustentar su determinación, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingresa en graves contradicciones con la posición que asumió desde el año 2010 y lo mantenía invariable hasta el presente, respecto a la operatividad de la Constitución en el tiempo; ya que, acogiendo la teoría de la Escuela Alemana, sostuvo que las reformas no cambian la Constitución ni el sistema constitucional, solamente cambian las normas; expresamente señalaba lo siguiente: “la Constitución, al ser reformada o sustituida por una nueva, mantiene su naturaleza jurídica, toda vez que ontológicamente sigue siendo la misma norma suprema y fundamental dentro de un Estado (..) es necesario aclarar que existen preceptos en la Constitución Política del Estado vigente, que por su propia naturaleza no pueden ser aplicados de manera inmediata, pues requieren el establecimiento de las nuevas instituciones creadas por la misma Constitución y de acuerdo a los requisitos y fines perseguidos, es por esta razón que existe un régimen de transición en el que los órganos e instituciones preexistentes a la reforma deben continuar funcionando, mientras la configuración orgánica establecida en la Constitución vaya siendo paulatinamente desarrollada y por ende los nuevos órganos e instituciones vayan reemplazando a los preexistentes”. En su decisión última, lamentablemente abandona esa tesis, de manera que ahora sostiene que con la reforma constitucional se ha producido la refundación del Estado y se ha creado un nuevo orden jurídico - político; lo que significa que se desecha y deja sin efecto absolutamente todo el ordenamiento jurídico anterior incluida la Constitución. Esa nueva tesis crea inseguridad jurídica y generará graves conflictos jurídicos; pues válidamente los ciudadanos que tienen deudas tributarias con el Estado podrán pedir su extinción, al existir un nuevo ordenamiento jurídico, y quedar desechado el anterior.

Es lamentable que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya empleado un argumento apresurado para justificar su determinación, al señalar que "el Poder Constituyente a Refundado el Estado", ese argumento puede traer graves consecuencias jurídicas para el Estado Boliviano en la demanda marítima planteada contra Chile, pues los estrategas de ese país podrían sostener la hipótesis siguiente: “si se ha refundado el Estado Plurinacional de Bolivia, ese nuevo Estado ha nacido enclaustrado, no tenía cualidad marítima como la tuvo la República de Bolivia, por lo tanto no existen asuntos pendientes entre Bolivia y Chile”; ojalá no se utilice ese hipótesis.

Si los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional iniciaron sus funciones con una falta de legitimidad de origen, con esta lamentable decisión han perdido su legitimidad de ejercicio, por haber infringido las normas de la Constitución que debían resguardarlas y defenderlas.