CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURANACIONAL DE BOLIVIA

Sucre, 6 de julio de 2013

STRIA GRAL. ICACH Nº 145/2013

Señor
Juan Evo Morales Ayma
EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La Paz-Bolivia

De mi mayor consideración:

Ha sido de conocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, a través de los medios de comunicación nacionales que el día de ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley del Ejercicio de la Abogacía, Proyecto de Ley 067/13-14 C.S., al respecto solicitamos a su autoridad que en el marco de lo establecido en el art. 163.10 de la Constitución Política del Estado observe el referido Proyecto de Ley, amparándonos en nuestra petición en los siguientes fundamentos de orden legal y constitucional:

1. El art. 6 del Proyecto de Ley 067/13-14 C.S. al regular el ejercicio de la profesión de abogado en nuestro país establece: "Para ejercer la abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia se requiere: 1. Título profesional de abogada o abogado; 2. Matriculación en el Ministerio de Justicia y, 3. Las Abogadas y los abogados, habilitados, se someterán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados." Sin embargo, de ello el art. 9.1 del citado Proyecto establece como deber de los abogados bolivianos solamente el "Registrarse y matricularse ante el Ministerio de Justicia". De esta forma, el Proyecto de Ley referido no solamente es contradictorio sino esencialmente desconoce la potestad sancionadora del Estado que como su autoridad conoce consiste en la facultad que tiene el Estado de imponer sanciones a acciones u omisiones antijurídicas, esta potestad puede ser sancionadora- correctiva, cuyo objeto es sancionar actos u omisiones que infrinjan las normas administrativas y es aplicable a todos los individuos; por otra parte la potestad del Estado puede ser administrativa-disciplinaria que consiste en las sanciones a los funcionarios públicos por acciones u omisiones en el ejercicio de sus deberes. De esta última potestad deriva el derecho disciplinario que es autónomo con relación al derecho penal por las obvias diferencias que separan a estas dos ramas del Derecho, especialmente en cuanto a la finalidad que ambos persiguen, ya que el primero aspira a la conservación del orden jurídico y a su restablecimiento mediante la conminación, imposición y ejecución de la pena. En tanto que el derecho disciplinario, tiende a mantener al agente en la observancia de sus deberes y a sancionar su infracción por medio de la imposición de medidas correctivas o disciplinarias.

De esta forma, el derecho disciplinario es un instrumento coercitivo de control en manos de la Administración; o dicho de otra manera, es la potestad sancionadora del Estado que consiste en los atributos de los entes u órganos que ejercen funciones administrativas, necesarias para desarrollar tales actividades y lograr los fines de interés público. En Bolivia el marco jurídico del control disciplinario actualmente está dado por la Ley Nº 1178, y sus Decretos Reglamentarios, los cuales regulan los actos de los servidores públicos o los particulares que cumplan funciones públicas o labores de intervención en los contratos estatales.

En el sector privado, cada entidad tiene un Régimen Disciplinario que regularmente se incorpora en los Reglamentos Internos, sea sociedad o asociación privada, como un requisito fundamental para obtener personería jurídica. Así los actos y hechos que no siendo delitos, pero contrarios al comportamiento ético profesional para sancionar este tipo de conductas y así convertirlas en conductas sancionables en el orden disciplinario, fijando sanciones, y los procedimientos a seguir para su aplicación.

Aplicando este entendimiento a los Colegios de Abogados, está claro que la autodeterminación de los individuos que se asocian sin ningún factor de presión externa, conforme establece el inciso 4 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto no puede ni debe limitarse la forma de estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, por el Estado y mucho menos puede el Estado efectuar control de ellas, a menos que sean manifiestamente contrarias a la Constitución.

Solo cuando estos actos constituyen conductas delictivas, el Estado ejerce su potestad o facultad de persecución penal, en cuyo caso nos estaremos refiriendo al Derecho Penal; por el contrario cuando el individuo realiza acciones consideradas infracciones, contravenciones o faltas, hablamos del campo de acción del Derecho Disciplinario Sancionador. En este sentido, en el ámbito de la vida privada y los derechos de los particulares, se supone que el Estado tiene una injerencia menor porque las sanciones, vinculadas con infracciones o conducta contrarias a la ética profesional.

Ahora bien, cuando hablamos de derechos individuales, nos referimos a las personas físicas como a las personas jurídicas como son los entes colegiados: Colegios de Abogados que no sólo representan a sus asociados y velan por el respeto de sus derechos, sino que ejercen una función de contralores del ejercicio profesional, para que éste se desarrolle dentro del ámbito de las normas dadas por ellos mismos y el marco legal aplicable; por ello su actividad se encuentra dentro del ámbito del Derecho Privado, pues estos asociados se reúnen por intereses comunes (en nuestro caso el ejercicio de la abogacía), de manera tal que estos Colegios establecen reglas que permiten el funcionamiento y la organización interna, precisamente para lograr el cumplimiento de sus fines y objetivos. Estos mecanismos constituyen el autocontrol profesional, es así que para ingresar a instituciones colegiadas se exigen requisitos a los afiliados, entre ellos la formación académica, la idoneidad, etc. Por otro lado, los Colegios de Abogados avalan la experiencia de sus asociados, debido al prestigio de que goza el status de estar colegiado; es así que es el mismo grupo agremiado el que se ocupa de vigilar la conducta de los colegiados en el ejercicio profesional conforme a su propio ordenamiento. En este sentido, si bien, la potestad administrativa sancionadora está reconocida en la Constitución Política Boliviana, en el caso de los entes colegiados está delegada a la propia administración interna y tiene por objeto proteger a los asociados, a los intereses de cada institución y sus sanciones están dirigidas, fundamentalmente contra los asociados que transgredieron las normas de estos cuerpos colegiados. En síntesis, la potestad sancionadora en la vía disciplinaria se rige por los reglamentos propios de cada institución en nuestro caso particular, el Código de Ética de la Abogacía.

Siguiendo esta línea de razonamiento, concluimos que los Colegios de Abogados tienen dos objetivos fundamentales, el primero el de proteger a sus asociados dentro del ejercicio libre de su profesión y el segundo que consiste en regular el ámbito disciplinario frente a conductas ajenas a los principios rectores del ejercicio libre de la profesión, o vulneradoras de los derechos ciudadanos. En efecto, se trata de una potestad en la que se abordan, todas las perspectivas de la responsabilidad disciplinaria de los asociados, tanto desde el punto de vista material, analizando las distintas infracciones y sanciones, como en sus aspectos procedimentales, abordando cada una de las fases y trámites del expediente disciplinario, con amplio aporte doctrinal y jurisprudencial. Para finalmente, en caso de ser pertinente y según la gravedad de cada caso, establecer la responsabilidad administrativa que conlleva la respectiva sanción disciplinaria, misma que será gradual según la gravedad de la falta, y de las consecuencias de ésta. En el caso de los Colegios de Abogados son el Código de Ética y demás normativa legal reglamentaria los que establecen este Régimen Disciplinario, de manera que todo el accionar relacionado con la responsabilidad disciplinaria de los profesionales abogados debe ser sustanciada conforme las citadas normas y en ningún caso por el Ministerio de Justicia que al ser parte del Órgano Ejecutivo no solamente estaría vulnerando los derechos de los profesionales abogados bolivianos sin estaría contradiciendo el propio régimen administrativo disciplinario antes explicado.

2. La Ley aprobada en el Órgano Legislativo por tanto es violatoria de los Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y habrá de ser la causa de futuros conflictos y lejos de permitir garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos y regular sus relaciones, se están introduciendo normas que no garantizan esa paz social. Es además preocupante que quienes hoy aprobaron esa norma, muchos de ellos abogados, son también quienes se auto imponen una regulación que es violatoria de sus propios derechos, lo que llama la atención.

Los mecanismos del Estado para regular, controlar y velar por el adecuado cumplimiento de la Constitución Política y las Leyes, no siempre se ejercen de manera directa, y este es el caso, para ello existen otros mecanismos que permiten el seguimiento a la conducta de las asociaciones profesionales, cualquiera sea su naturaleza, y para ello el Estado tiene los instrumentos legales necesarios. Promulgar una Ley con el contenido de la Ley que se acaba de aprobar en el Órgano Legislativo, no es el más adecuado y correcto, por lo que pedimos a su autoridad, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, observar la Ley aprobada pidiendo a la Asamblea Legislativa, reconsidere estos aspectos ya señalados y tomar en cuenta las recomendaciones que oportunamente los Colegios de Abogados del país hicimos conocer a los parlamentarios.

Con este motivo, saludo a usted con las debidas consideraciones de respeto y consideración.

Dra. Silvia Salame Farjat

Presidenta ICACH